El Parlamento peruano rechazó este viernes una moción de interpelación contra el ministro de Defensa, Amadeo Flores, en medio de cuestionamientos por el asesinato de cinco jóvenes durante un operativo militar en el departamento de Huancavelica, ubicado en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).

Con 33 votos a favor, 40 en contra y 22 abstenciones, el Congreso desestimó la iniciativa sin debate previo, en una votación sumaria marcada por el respaldo mayoritario de bancadas de derecha, incluidos legisladores con vínculos a las Fuerzas Armadas.

La moción, impulsada por la Bancada Socialista, buscaba que el titular de Defensa respondiera un pliego de 15 preguntas relacionadas con las inconsistencias en la versión oficial del Ejército sobre los hechos ocurridos en el Vraem. El documento fue suscrito por congresistas de diversas agrupaciones, entre ellas Bloque Democrático Popular, Perú Libre, Juntos por el Perú-Voces del Pueblo-Bloque Magisterial, Acción Popular, Podemos Perú y No Agrupados.

El objetivo de la interpelación era aclarar las circunstancias de la operación militar que dejaron cinco fallecidos y dos heridos, quienes, según la versión inicial, estarían presuntamente vinculados a actividades ilícitas relacionadas con el narcoterrorismo.

Durante la sustentación, el congresista Alfredo Pariona Sinchi señaló que el caso genera preocupación nacional debido a las versiones contradictorias. «El país ha escuchado versiones que no coinciden. Primero se habló de un enfrentamiento armado; sin embargo, han surgido testimonios y evidencias que cuestionan esa versión», afirmó.

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Operativo en el Vraem

El incidente ocurrió el sábado 25 de abril en el paraje de Pongor, en la carretera Colcabamba-Ayacucho, dentro del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), una zona considerada estratégica por la presencia de economías ilegales.

Ocho miembros del Ejército peruano participaron en la intervención que terminó con la muerte de cinco jóvenes, en un contexto inicialmente descrito por el comando militar, liderado por el capitán EP Luis Montenegro Pardo, como un enfrentamiento con presuntos narcoterroristas.

Según esta versión, los ocupantes de una camioneta se habrían negado a detenerse, lo que derivó en el uso de la fuerza. Sin embargo, peritajes preliminares indican que se trató de un ataque unidireccional por parte de los soldados, lo que ha intensificado las dudas sobre la legalidad del operativo.

Testimonios y contradicciones

El caso ha cobrado relevancia por las declaraciones de uno de los sobrevivientes, Ricardo Jampier Acuña Quispe, de 20 años, considerado una pieza clave en la investigación. Inicialmente detenido, el joven aseguró que lo obligaron a incriminarse.

“Me amenazaron para decir que llevaba droga”, declaró tras recuperar su libertad. Asimismo, afirmó: “Me amenazaron con armas diciendo que te vas a disparar, te va a matar bala, así”. Acuña Quispe sostiene que no transportaba droga ni armamento y que los militares no estaban identificados, ya que vestían ropa civil con capucha. “No pensábamos que eran militares”, indicó.

En tanto, el conductor del vehículo, Nilson Montenegro, colombiano radicado en Colcabamba, habría continuado la marcha por temor a un asalto. “Habría pensado que eran rateros”, según el testimonio recogido.

El sobreviviente relató además que logró huir durante el ataque y se entregó posteriormente al reconocer la presencia de una patrulla militar. “Cuando vi que ha llegado una patrulla de militares, después que me sentí seguro de que ellos son militares, por eso me entregué”, señaló.

Hallazgos de la Fiscalía

Las investigaciones fiscales han aportado elementos que contradicen la versión inicial del Ejército. La Fiscalía verificó que en la camioneta no se encontraron drogas ni armas , y que la cantidad de impactos de bala evidencia un posible uso excesivo de la fuerza.

Mientras, testigos presenciales también afirmaron que los ocupantes del vehículo se encontraban desarmados al momento de la intervención. En ese contexto, el Ministerio Público se pronunció a favor de que los militares involucrados enfrenten condenas de prisión.

A pesar de ello, los ocho efectivos fueron liberados el 27 de abril tras cumplirse las 48 horas de flagrancia. El abogado de las familias, Anthony Crespo, cuestionó la decisión y señaló que no fue notificada, además de indicar que la Fiscalía pudo solicitar prisión preliminar por siete días.

Debate político y contexto

El rechazo a la interpelación ha sido interpretado como un respaldo político al ministro de Defensa en un caso que ha generado preocupación por el respeto a los derechos humanos en zonas militarizadas.

Pariona subrayó que el propósito de la iniciativa no era debilitar a las Fuerzas Armadas, sino garantizar la transparencia. “El Vraem no puede ser una zona donde todo se justifica”, afirmó, al recordar que en los últimos 15 años se han registrado más de 238 fallecidos en la región vinculados a operativos y hechos de violencia.

La decisión del Congreso mantiene sin control político inmediato al ministro de Defensa, mientras continúan las investigaciones fiscales sobre la muerte de los cinco jóvenes en Huancavelica, en un caso que evidencia tensiones entre seguridad, legalidad y derechos en el Vraem.

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